El conseller El Homrani anuncia la creación de la Ley de Concertación Social
La presidenta de la Mesa del Tercer Sector Social, Francina Alsina, ha hecho la lectura del manifiesto ‘Desigualdades sociales, soluciones locales’ en la clausura del 6º Congreso del Tercer Sector Social que se ha celebrado en La Farga Centro de Actividades los días 21 y 22 de noviembre.
En el documento, las entidades sociales observan con preocupación y constatan como «las desigualdades globales provocan desigualdades locales». En este sentido, estas entidades reclaman un «municipalismo fuerte» y reivindican que los gobiernos locales tengan más competencias, recursos y apoyos para hacer frente a los retos sociales propios de la urbanización, agravados por la globalización, como la cronificación de la pobreza (niños, feminización de la pobreza, pobreza energética y malnutrición), la grave problemática de acceso a una vivienda digna y asequible, el fenómeno migratorio o la gentrificación, entre otros. Una demanda que responde a un debilitamiento local y nacional por «la concentración y recentralización del poder».
El manifiesto también hace énfasis en la importancia de fortalecer las relaciones entre las Administraciones locales y las entidades sociales, como alianza clave para desarrollar conjuntamente políticas sociales y proyectos estratégicos que generen cohesión e igualdad desde la proximidad y la cotidianidad. «Los gobiernos locales tienen posibilidad de hacer más cosas, de estar más cerca de las personas y tener capacidad para gestionar, conjuntamente con la sociedad civil y la ciudadanía, respuestas a estos retos sociales».
Ley de Concertación Social
Por otra parte en la clausura del congreso el conseller de Trabajo, Asuntos Sociales y Familias, Chakir el Homrani, ha anunciado que Cataluña dispondrá de una Ley de Concertación Social de los servicios de atención a las personas. El sector social reclamaba desde hacía tiempo un nuevo modelo de colaboración público-social que establezca un marco de relación estable y permanente con las entidades sociales, de acuerdo con las directivas europeas de contratación pública.
La normativa permite que el Tercer Sector y las empresas sociales -con vocación de servicio público y con una mayor proximidad a la comunidad y al territorio- sean aliadas prioritarias de la Administración en la gestión de los servicios a las personas, buscando la eficiencia de los recursos públicos y el máximo retorno social.
El Tercer Sector celebra el anuncio del consejero el Homrani porque es un paso importante para asegurar que la atención a las personas queda fuera de la lógica mercantilista, para proteger los derechos sociales y para garantizar la calidad de los servicios y apoyos que reciben las personas.